La violencia de género es una de las grandes lacras de la sociedad actual. Por ello hay que saludar como se merece la iniciativa de las consellerias de Sanitat y Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat valenciana de llevar adelante un protocolo que permite unir los recursos de ambos departamentos autonómicos en la lucha contra un fenómeno que, a tenor de las estadísticas que cada cierto periodo facilitan las instituciones y organizaciones involucradas en este ámbito, no hace sino acrecentarse con el paso del tiempo.

Nunca serán demasiados los esfuerzos que se destinen a erradicar la violencia machista de nuestro entorno, y que, tal como figura en el protocolo firmado por ambas consellerias, deben incidir, fundamentalmente, en dos aspectos igualmente relevantes: la prevención, mediante la divulgación de contenidos educativos que hagan posible sustituir los parámetros ideológicos que anidan tras este tipo de comportamientos, y el apoyo a las víctimas.

Este último objetivo precisa, sin duda, de que los poderes públicos, y muy especialmente las instancias policiales y judiciales, realicen su trabajo con agilidad y operatividad, disponiendo de los medios que sean requeribles para ello. Las víctimas de la violencia de género merecen ser plenamente conscientes de que las instituciones, en todas sus vertientes, están incondicionalmente a su lado y de su parte, y el marco legislativo debe recoger, taxativamente, esta prioridad con el objetivo de quitar de en medio todas las dificultades u obstáculos administrativos o normativos que se interpongan.

Desgraciadamente, estamos ante un camino de largo recorrido cuyos frutos no pueden ser visibles de la noche a la mañana. Aun así, es una magnífica noticia saber que desde el Consell se ha tomado buena nota de las inquietudes de las víctimas y de las asociaciones que las representan, poniendo en marcha un protocolo destinado a paliar, cuanto menos, las sangrantes cifras que, todavía hoy, arroja la violencia de género en la Comunitat.